Las negociaciones internacionales en torno al cambio climático han tenido una saludable y muy positiva señal en la reciente reunión convocada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Viena. Su principal resultado indica que el mundo industrializado debe negociar metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020. Según lo estipulado, estas reducciones deberán estar en el rango del 25 al 40% respecto de sus emisiones del año 1990.*

Este preacuerdo nos invitaría a suponer que existirá una mayoritaria voluntad política para arribar con prometedoras perspectivas a la Conferencia Climática que se desarrollará en Bali a finales de este año, allí los gobiernos deberán adoptar las metas de reducción de emisiones a cumplirse durante la próxima década. Aún así la situación presenta muchas dificultades.

Atravesamos un momento extremadamente crítico en términos climáticos, por un lado por el agravamiento inexorable del calentamiento global y por otro, el hecho que la comunidad internacional no ha dado aún respuestas políticas que estén a la altura del desafío. Nos aproximamos a la finalización del primer período de compromisos establecidos por el Protocolo de Kyoto, acuerdo global que estableció las primeras responsabilidades obligatorias para el mundo industrializado para comenzar a reducir las emisiones de gases que provocan el cambio climático. Su meta de reducción de un 5% para el período 2008-2012 resultó ser un primer paso en la dirección correcta, pero fue un paso casi insignificante. Aún así, no fue adoptado por el intransigente gobierno de Estados Unidos principal emisor.

Este año comenzó con una abrumadora cantidad de información que corroboró la gravedad de la situación climática global a través de la publicación del último informe del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático). Las evidencias de crecientes impactos atribuidos al cambio climático y la inminencia de la finalización de la primera fase del Protocolo de Kyoto, generan una situación de incertidumbre en la esfera política internacional.

En buena medida el futuro climático que atravesaremos en las próximas décadas depende del resultado que la comunidad global alcance el próximo diciembre cuando se deba diseñar cómo será la segunda fase de aplicación del Protocolo de Kyoto. Un momento decisivo tan importante como cuando en 1997 se alcanzó la firma de ese primer acuerdo.

Llegamos a esta instancia con enormes dificultades. El principal país emisor no está dentro de las reglas de juego impuestas por este acuerdo, sin Estados Unidos dentro de un régimen de reducción no tenemos muchas oportunidades de éxito a futuro. A esta ya conocida oposición de Estados Unidos y Australia a la ratificación del Protocolo de Kyoto debemos sumar las recientes discusiones en Viena que mostraron que varios países estuvieron trabajando firmemente para que el rango de reducciones a negociar en Bali sea mucho menor. Ellos fueron Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Rusia y Suiza. Estos países intentaron introducir menores valores de reducción que tendrían como consecuencia una suba de la temperatura global de unos 4° C durante este siglo. El consenso científico mayoritario indica que debemos permanecer por debajo de una suba de 2° C respecto de los niveles pre-industriales para que los daños del cambio climático sean “tolerables” en términos humanos, ambientales y económicos.

Nada hace suponer que esta discusión se cerró en Viena cuando finalizó la reunión en la última semana de agosto. Por el contrario, Estados Unidos prepara una reunión durante septiembre, algo así como una “Cumbre de los Grandes Emisores”, fuera de la órbita de Naciones Unidas, a la cual fueron invitados los ocho países más industrializados (G-8) –Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia – y las grandes economías emergentes –Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Corea del Sur –, las principales naciones contaminantes.El objetivo obvio es escapar al escrutinio multilateral que representa la ONU y ofrecer un pacto voluntario de los poderosos y mayores emisores de la tierra que, seguramente, ofrecerán objetivos de reducción menos ambiciosos a cambio de mayores garantías de cumplimiento. El menú hacia finales de año tendrá dos grandes opciones, hacer lo que el clima y la humanidad necesitan o, apelando al “realismo”, aceptar el mal menor que nos ofrecen quienes son los máximos responsables de la destrucción climática.

Además, en ambos enfoques se comienza a incluir un aspecto que ya no puede demorarse más, la incorporación de países no industrializados dentro del esquema de reducción de emisiones para la próxima década. Algo necesario, dada la enorme cantidad de emisiones que hoy en día representa el mundo en desarrollo. Pero la incorporación de estos países necesita de negociaciones muy cuidadas para garantizar el derecho al desarrollo, las cuestiones de equidad y para mantener el principio que las naciones industrializadas deben realizar los mayores aportes en la materia.

Llegaremos a Bali en diciembre próximo en una situación de alta complejidad, allí tendremos una nueva oportunidad para diseñar un esquema global de reducción de emisiones que sea equitativo y creíble o, por el contrario, tendremos otro fracaso que difícilmente podamos reparar en el futuro. Las propias predicciones del IPCC lo señalan, lo que hagamos durante la próxima década es determinante para que la curva de ascenso de las temperaturas globales se dispare definitivamente o, que comience a tener un comportamiento de desaceleración que nos permita tener esperanzas que la humanidad tiene capacidad para enfrentar el mayor desafío ambiental y de desarrollo humano durante este siglo.

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* Conversaciones que bajo el auspicio de la Convención sobre Cambio Climático de la ONU se denominaron “Vienna Climate Change Talks 2007”. El objetivo fue diseñar los acuerdos básicos previos a la Conferencia Climática de Diciembre a desarrollarse en Bali (Indonesia), conferencia que deberá delinear las acciones futuras en materia climática para la etapa post-2012, cuando expire el primer período de compromisos del Protocolo de Kyoto.