Por Juan Carlos Villalonga
Febrero 2010

En otro de esos giros y contorsiones argumentales a los que nos tiene acostumbrado el Gobierno nacional, hemos pasado de la demonización de la soja como “yuyo” a su valoración “ambiental” y como fuente de independencia energética.

La soja era hasta hace solo unos meses, un monocultivo depredador que destruía suelos, economías regionales, bosques, campesinos, envenenaba pueblos con glifosato y que, por otro lado, enriquecía a una oligarquía insaciable y destituyente que hasta llega a producir inundaciones en zonas urbanas debido a su egoísmo. Pero hoy mágicamente todo es beneficio. La abundante producción de soja, sus subproductos y sus grandes productores son parte del sistema energético que nos llevará a un “boom” de inversiones; a evitar importaciones de gasoil y a ser líderes mundiales en la materia. En fin, algunos argumentos muy válidos y certeros, otros parcialmente ciertos y muchos otros exageraciones ad-hoc ardientemente pronunciadas para la ocasión.

El caso es que este año se comenzará a cumplir con el corte obligatorio del 5% con biocombustibles en las naftas y gasoil destinados al transporte automotor y el biodiesel de soja es la vedette. La meta de corte de los combustibles fósiles está establecida por la Ley Nacional 26.093 (2006) y representa la necesidad de producir, para este año, unos 0,7 millones de m³ de biodiesel y 0,2 millones de m³ de bioetanol.

Respecto del bioetanol, se estima que el abastecimiento del mercado interno provendrá de la caña de azúcar; pero desde el Gobierno y desde el sector se ha asumido que este año no se contará con la capacidad para producir para el corte obligatorio, aunque algunos ingenios azucareros ya han comenzado con sus inversiones.

En contraposición, la capacidad productiva de biodiesel de soja es mucho mayor que la demanda interna. Sin embargo, las muy pocas pequeñas y medianas empresas productoras de biodiesel que, según la ley, serían las beneficiadas para cubrir el corte, no alcanzan a abastecer la demanda interna generada por la Ley. Es por eso que ahora el gobierno ha aceptado que las empresas exportadoras, con una mayor capacidad productiva, entren también  en el juego local. (La exportación de biodiesel de soja a gran escala comenzó en el año 2007 y ha crecido en los últimos dos años. Están en manos de grandes aceiteras de capitales nacionales y extranjeros).

En el rubro biodiesel, que en nuestro país depende casi exclusivamente de la soja, el Gobierno ha acordado con las grandes empresas productoras como Aceitera General Deheza, Dreyfus, Molinos y la Corporación América, precios para la venta a las compañías petroleras. Esto no era lo previsto originalmente en la ley, pero la demanda interna no cubierta por las pequeñas y medianas empresas hizo que las exportadoras fuesen parte del suministro doméstico. El propio diario Página/12, olvidando sus furibundas críticas al sector de hace tan sólo unos meses atrás, reconoce que “los productores sojeros se frotan las manos” y que los acuerdos firmados consolidan un negocio prometedor que “apuntala” el desarrollo del sector. Así son las cosas en Argentina, pasamos del “yuyo” demoníaco a un negocio de los “combustibles ecológicos” que debe apuntalarse.

Ahora bien, sin duda Argentina puede asumir la meta del corte del 5% de biocombustibles, pero esta decisión no está exenta de riesgos, más aún si tenemos en cuenta que el ministro Julio De Vido adelantó que su objetivo es alcanzar el 20% en cuatro años. Así las cosas se tornan más preocupantes.

En primer lugar, al momento de discutirse la ley de biocombustibles se advirtió de la necesidad de frenar el avance de la frontera agrícola sobre los bosques. En ese momento la tasa de destrucción de los bosques nativos en Argentina era alarmante. El sumar un incentivo nuevo para multiplicar el negocio de la soja era aumentar la catástrofe. Finalmente el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección de los Bosques Nativos y todo hacía suponer que se neutralizaría la expansión de la frontera agrícola. Si bien eso ha estado sucediendo durante el 2009, la falta de presupuesto para la aplicación de dicha ley pone en duda su operatividad en el corto plazo. El riesgo no ha sido eliminado y en frente hay un negocio que se “apuntala” por medio del uso energético de la soja. En definitiva, no puede existir política de promoción de biocombustibles en base a cultivos energéticos sin una sólida aplicación de la ley de bosques nativos. Lo uno sin lo otro puede reiniciar otro período de desastres para los bosques.

Por otro lado, la meta del 5% de la Ley Nacional 26.093 es posible de cumplirse aplicando estrictos criterios de sustentabilidad, seleccionando los cultivos con mejor balance energético y el mejor balance de gases de efecto invernadero (GEI). En definitiva, esas serían las virtudes que hacen razonable el uso de este tipo de combustibles. La meta propuesta puede perfectamente utilizarse para investigar y desarrollar aquellos cultivos de “primera generación” que cumplan tales criterios y que permitan desarrollar áreas marginales y que no compitan con otros usos del suelo que son esenciales para la sociedad, como es la producción de alimentos. Esto significa, ampliar el horizonte de insumos más allá de la soja.

Ampliar el abanico de posibilidades debe traducirse en la adopción de un conjunto serio de criterios de sustentabilidad, entre ellos, un análisis de ciclo de vida completo de los biocombustibles que muestre una reducción de GEI de al menos un 50% comparados con el combustible que reemplazan. Esta reducción hace razonable el uso de los mismos. Hoy la soja apenas alcanza el 30%.

Por otro lado, urge poner en marcha un plan de desarrollo de biocombustibles lignocelulósicos que son las opciones superadoras de muchos aspectos críticos de los actuales biocombustibles. Argentina debe prepararse para una disminución marcada en la disponibilidad de combustibles fósiles líquidos, por lo tanto debe acelerar la investigación y el desarrollo de las tecnologías de “segunda generación” en materia de bioenergía

El Gobierno ha comenzado a hablar tímidamente de intensificar el uso de la bioenergía en aplicaciones estacionarias (electricidad, vapor). Es en este rubro donde debe comenzar a hacerse un uso intensivo de las múltiples posibilidades que brinda la bioenergía aumentando su participación en la oferta energética nacional, actualmente en el 3%, para llevarla a un 8% para el año 2020.

Finalmente, de nada servirá la introducción del corte del 5% si no nos encaminamos hacia un sistema de transporte radicalmente diferente al que hoy tenemos. Los biocombustibles pueden formar parte de la solución al dilema energético y climático sólo si acompañan a fuertes medidas de eficiencia y trasformación del sector transporte. Una de las claves en esta materia es priorizar en el transporte de cargas y de pasajeros el uso del ferrocarril, en sus distintas modalidades, con mejoras en el confort, eficiencia y cobertura. Estas medidas, además de ser muy poderosas en términos de mitigación de GEI, tienen la ventaja de mejorar las condiciones de seguridad y calidad en el transporte en general.

La vocación del Gobierno nacional para aumentar el porcentaje de mezcla con biocombustibles en cuatro años al 20 % suena prematuro y con poco sustento. Todavía no ha quedado demostrado que el 5 % sea factible y que sus beneficios ambientales y energéticos sean reales. No se puede apostar ciegamente a que el “yuyo” ahora sea milagroso.