El siguiente artículo del Ing. Jorge Lapeña expresa la dimensión del desafío energético que enfrenta Argentina. Expone una situación que lamentablemente es un tema inexistente en el debate político en nuestro país. Ni desde el oficialismo ni desde la oposición existe interés ni una real dimensión de la tarea que deberíamos estar emprendiendo. Así, por ejemplo, nos dirigimos hacia inversiones costosas, ineficientes y a contramano de la historia como es iniciar la explotación a escala del carbón mineral como fuente de energía. Sin debate, sin fundamente técnico, ni económico ni ambiental. Por eso el artículo de Lapeña tiene su lugar en “energías limpias” aunque disentimos con él en su visión positiva acerca de la energía nuclear, pero eso, también es parte del debate energético inexistente hoy en la Argentina.

Juan Carlos Villalonga

Director Instituto de Energías Limpias y Desarrollo

Nota del 11/1/2010 Diario Clarín
Por: Jorge Lapeña
Fuente: EX SECRETARIO DE ENERGIA DE LA NACION

La Argentina está en caída productiva en gas y petróleo, Padece también retraso y distorsión en la inversión. Si se busca el desarrollo, la solución debe ser política.

El mundo saldrá de la recesión en 2010, y comenzará nuevamente el crecimiento económico. Algunos estiman para Argentina que un crecimiento del PBI para este año razonable puede ser del 4%. Cualquiera que éste sea vendrá acompañado de un crecimiento de la demanda de energía, y ésta será creciente en los próximos años.

La demanda creciente plantea un problema de primera magnitud a la Argentina, que está en caída productiva desde hace más de una década en petróleo y desde hace un lustro en gas natural; y que paralelamente no tuvo nuevos descubrimientos de hidrocarburos en los últimos 15 años. Argentina es además un país que está inserto en un sistema globalizado donde los países todavía deben acordar las formas de transformación de sus sistemas energéticos para frenar el calentamiento global.

Todo ello nos sitúa en un problema que hoy no tiene respuesta: cómo incrementar la inversión para garantizar una ampliación de la oferta energética que simultáneamente nos asegure el abastecimiento de la demanda en crecimiento, y que además transforme la matriz energética para contribuir a la mitigación del calentamiento global. Para que se entienda bien la condición de simultaneidad: una estrategia pura de equipamiento eléctrico basada en el gas natural (o sea continuar con lo que Argentina hace hoy sin contar con el gas suficiente) requiere una inversión aproximada de unos 1000 millones de u$s por año. En cambio, una estrategia basada en la sustitución integrada por una mezcla de energía nuclear, hidroeléctrica y eólica, que además de satisfacer la demanda transforme nuestra matriz requeriría no menos de 3000 millones de u$s por año. Claramente la segunda opción es más intensiva en el uso de capital que la primera.

Argentina es hoy un país que presenta retraso y distorsión en el proceso de inversión. El sector privado está retraído; en este contexto, el Estado intenta invertir, y lo hace tarde, caro y mal y distrayendo fondos públicos de otros fines prioritarios en una política de subsidios insostenible. Es muy grande por ejemplo el atraso de la inversión en exploración petrolera de alto riesgo, lo que nos condena a la caída productiva y al crecimiento de los costos internos.

Plantear el tema estratégico de la inversión necesaria lleva inexorablemente a varios problemas que deben ser resueltos en nuestro país: la reforma de las leyes energéticas y la refuncionalización del estado serán dos cuestiones clave en la década que comienza; y también lo será el problema del repago de esa cuantiosa inversión por parte de los consumidores de energía.

La cuestión de las tarifas energéticas pasará a ser una cuestión absolutamente relevante e insoslayable. Los argentinos estamos acostumbrados desde la salida de la convertibilidad a no pagar en nuestras facturas los precios reales. No habrá solución al problema estratégico planteado sin resolver en forma práctica esta cuestión. El gobierno actual no puede ni podrá en lo que le queda de mandato resolver este tema porque tiene poco tiempo y es esclavo de su propio discurso equivocado. Será por lo tanto una cuestión clave para el próximo gobierno. Con la legislación vigente el atraso tarifario en los sectores regulados puede ser de aproximadamente el 200% en energía eléctrica y en gas natural. A ello se suman las expectativas de sectores no regulados como los productores de hidrocarburos apoyados por las provincias petroleras que aspiran a precios mayores a los vigentes actualmente, sobre todo cuando comparan los precios domésticos con los internacionales.

El riesgo que naturalmente se corre es que ese atraso tarifario se intente recuperar todo de golpe y sin asignar prioridades. La solución práctica debe provenir de la política. En función de ello proponemos lo siguiente:

a) Solución políticamente acordada con las principales fuerzas políticas en el marco de una política de Estado para todo el sector energético;

b) Gradualismo: es imposible recuperar el sistema tarifario en forma instantánea y para todos los actores al mismo tiempo;

c) Se deben reformar los marcos regulatorios eléctrico y gasífero para adaptarlos a la situación actual, lo cual requiere revisar los criterios legales y reglamentarios fijados en 1992 y no modificados hasta el presente;

d) Reinstalar los Fondos Específicos como mecanismo de financiación de inversiones cuya realización sea de interés general y no sea llevada a cabo por mecanismos de mercado (energía eólica; nuclear e hidráulica);

e) Sanear en primera instancia los segmentos de distribución de gas natural y electricidad (empresas distribuidoras) de forma que rápidamente puedan realizar contratos de largo plazo con inversores privados para abastecimiento de su demanda.

f) Separar en los próximos cinco años los conceptos de “Energía Nueva” (la energía proveniente de instalaciones a construirse) y “Energía Vieja” (la que proviene de instalaciones existentes) con sistemas tarifarios diferenciados. Promover la convergencia de los dos sistemas retributivos en un plazo razonable;

g) Implementar mecanismos de “Tarifa Social” que deje al margen de las recomposiciones tarifarias a los segmentos vulnerables de la población.